El tripartito pone a andar su ley de control de culto: E-Cristians hace un análisis de sus absurdos

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Hace depender el culto de licencias que concederán los alcaldes con criterios nada transparentes ni objetivos.

 

El Parlamento catalán dio luz verde el miércoles 6 de febrero al proyecto de ley de centros de culto religioso, superando dos enmiendas a la totalidad presentadas por CiU y PP. Se inicia así su proceso parlamentario.
Esta norma establece la obligatoriedad de reservar suelo para uso religioso en todos los planes de ordenación urbanística, lo que fue denunciado tanto por CiU como por el PP como una intromisión en la autonomía local. Exige además una única regulación para la concesión de las licencias municipales para autorizar la creación de centros de culto, remitiendo a un futuro reglamento en el que se especificarán las condiciones de esas licencias. Así, un alcalde cualquiera puede decidir cerrar tal o cual iglesia u oratorio.
La diputada popular Angels Olano criticó un texto que, a su juicio, lleva «de la libertad al decretismo», y se mostró convencida de que es una norma que nace del sentimiento anti-Iglesia de los socios del gobierno catalán. «Ha habido políticos catalanes que han afirmado que la Iglesia no es buena, vamos a ahogarla económicamente, y este es el trasfondo de su actitud», le espetó Olano al vicepresidente de la Generalitat e impulsor de esta ley, Josep Lluís Carod-Rovira. «La libertad de culto y de reunión queda limitada en Cataluña a golpe de licencia», añadió la diputada del PP catalán.
La convergente Glòria Renom coincidió con Olano en que que no había «vacío legal», ni por tanto necesidad de regular la creación de centros, porque la libertad de culto «ya está garantizada por leyes de rango superior» como la Constitución o el propio Estatuto. Renom acusó al Gobierno catalán de «intentar desvirtuar la realidad» y concluyó que el proyecto presentado por Carod «es una chapuza jurídica y vulnera la autonomía local».
Carod defendió, por contra, que el texto no vulnera la autoridad local y aseguró que salvaguarda los intereses de la Iglesia a través de su disposición adicional tercera, que exime de la aplicación de la ley a los templos incluidos en el Inventario de Patrimonio Cultural Catalán. Pero… ¿quién protege a las parroquias, oratorios o centros de catequesis nuevos, si no salen en este inventario?
Carod defendió el texto bajo el argumento de que «somos pioneros en Europa» y aseguró que la ley nace con dos «ideas claras», que los municipios prevean espacios de uso religioso y garantizar las condiciones de seguridad y salubridad de los centros. Con estas dos premisas, el tripartito se propone, según Carod, «garantizar la aplicación real y efectiva del derecho a establecer centros de culto» frente a algunas ordenanzas municipales «tan restrictivas que en la práctica, impiden ejercer este derecho y frente a la actitud de quienes prefieren taparse los ojos e ir tolerando la proliferación de nuevos lugares de culto».

 

La asociación E-Cristians ha elaborado un análisis sobre este proyecto de ley que pueden encontrar en este enlace de ForumLibertas.

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