La Generalitat de Cataluña ofrece ayudas a las imputadas por abortos ilegales

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Con dinero del contribuyente se pretende condicionar las decisiones de los jueces y favorecer que se incumplan las leyes.

Siempre es loable que las instituciones demuestren solidaridad y justicia ante las necesidades de los ciudadanos. Es evidente que muchas mujeres padecen situaciones injustas y que desde las instituciones se debe velar para que estas situaciones desaparezcan, y para que se respete la dignidad y la igualdad de toda persona, independientemente de su condición y situación. La dignidad no tiene sexo, y no es negociable.
Pero parece que desde la Generalitat la dignidad sí  tiene sexo y el Institut Català de les Dones, haciendo caso omiso de las resoluciones judiciales, porque las leyes están para no cumplirlas, ha decidido ofrecer asesoramiento jurídico gratuito y confidencial a las mujeres citadas ante el juez para responder de los abortos ilegales, hoy llamados interrupción voluntaria del embarazo.
En el colmo del cinismo y de la manipulación del lenguaje, un organismo de la Generalitat, con dinero del contribuyente, se dedica a contradecir y a condicionar las decisiones de los jueces, e interpreta las leyes, mejor, a incumplirlas sistemáticamente a gusto de sus proclamas políticas.
Nadie niega a una persona necesitada, una ayuda, sea por caridad, por solidaridad o por un deber de justicia, pero manipular los “derechos” para abortar sin tener en cuenta los verdaderos derechos del “nasciturus” es aberrante.
Todos hemos sido “nascitururus” antes de ver la luz, y no podemos negar el derecho supremo a la vida, a nadie. No se puede ser anti penas de muerte y otras aberraciones y en cambio defender  las “interrupciones voluntarias” como si la vida fuera un accidente  o una enfermedad de la madre.
El respeto a las leyes ha de ser prioritario, tanto cuando parecen favorables como cuando no lo son. En un Estado de Derecho, la libre opinión sobre la conveniencia de cumplir con las leyes atenta contra la convivencia y la paz social y crea un clima de relativismo y desengaño, una decepción ante el sistema democrático presentado como una chapuza en manos de los caprichos de los gobernantes.
La partitocracia y la divinización de la democracia exigen una respuesta de los ciudadanos.
Las soluciones son claras: apostar por una mayor calidad humana de los candidatos, devolver el sentido ético a la sociedad, para poder defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, y exigir que si queremos una verdadera democracia, las listas electorales sean abiertas, no marcadas por cada partido, y que sean reflejo de unos objetivos de justicia y no de intereses ideológicos. Más respeto a la mujer y menos demagogia feminista por intereses políticos.
FUENTE: Joaquín Pallás en ForumLibertas.
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