El caso Morín salpica: la metástasis del delito

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El caso Morín, vistas las más de cuatro mil páginas del sumario, constituye un escándalo social, político, y económico que va mucho más allá de los propios inculpados.

Afecta a todas las instituciones responsables de velar, por una parte, por el cumplimiento de la ley y, por otra, de garantizar la protección de la salud y la seguridad de las mujeres.

Los exhaustivos informes de la Guardia Civil revelan un fraude sistemático y masivo de la ley, cotidiano, que por su dimensión y afluencia de personas, muchas de ellas vinculadas a la medicina, difícilmente podía ser desconocido por parte de los responsables de velar por el cumplimiento de las leyes y por la Generalitat.

Abortos de menos de doce semanas, de más de doce y hasta los 7 y más meses, de adolescentes, incluso de trece años, acudiendo de todas las partes de Europa.

Las mujeres recibían tres únicas informaciones antes de acudir a la clínica: llevar el dinero en riguroso metálico, de 500 a 5.000 euros según el período de gestación, ir en ayunas porque se daba por descontado que se practicaba el aborto en el mismo momento en que se producía la cita, e ir acompañadas. Nada más.

Ninguna información de carácter legal sobre lo que establece la normativa española, ninguna advertencia sobre los riesgos que podía incurrir y sobre los aspectos concretos del procedimiento.

Así, la mujer que va en un estado avanzado de gestación, de 14, 15 o más semanas, puede estar entre un mínimo de cuatro y siete horas bajo un régimen de dilatación mecánica del útero de hasta 20 cm.

Estos y otros detalles de los procedimientos revelan una verdad molesta: el aborto es un hecho antinatural.

La mujer durante el embarazo está biológicamente preparada para anidar al ser humano que lleva en su interior y protegerlo, expulsarlo antes de tiempo es un acto contra la propia naturaleza femenina y, por consiguiente, doloroso y arriesgado.

Los datos revelan también que las mujeres se encuentran en situaciones de riesgo, por ejemplo de experimentar hemorragias masivas que pueden llegar a afectar a la vida de las personas, o a perder la matriz o, simplemente, de estar sometidas durante horas a una situación extraordinariamente dolorosa.

No se trata ya de que no se informe de los traumas post aborto, sino que ni siquiera se explican las características de su intervención concreta y los percances que puede acarrear.

Lo que se exige en todo acto médico aquí no existe . Pero, ¿para qué si ésta es la menor de las ilegalidades?

Y es que cuando la ley se vulnera sistemáticamente, en un determinado aspecto -el aborto en este caso- arrastra consigo un río de irregulaeridades, es la metástasis del delito. Esto es precisamente lo que se niegan a ver y leer quienes defienden el aborto, y eso es lo que acaba perjudicando a la mujer a quien dicen defender .

El riesgo se acentúa por el hecho de que ahora se conoce que Morín sufre el SIDA y está bajo tratamiento como mínimo desde 1998, hace diez años.

Su presencia y actuación en los abortos de riesgo, su intervención en algunos casos, además como cirujano que se declara, comporta un factor de peligro para la persona que ésta desconoce absolutamente.

No se trata de demonizar a las personas aquejadas de SIDA, pero es evidente que hay determinadas actividades médicas, las quirúrgicas, las odontológicas, o, evidentemente las relacionadas con el aborto, que por su naturaleza deberían evitarse que fueran realizadas por profesionales que se encuentran en estas condiciones y que, en todo caso, si no fuera así, al menos el paciente estuviera informado y diera su consentimiento, porque la protección al enfermo de SIDA no puede significar un riesgo ignorado y desmesurado para la persona atendida.

Morín, además, ha sufrido diversas alteraciones incluso de carácter cerebral que ponen en cuestión su capacidad para llevar a término su actividad. No puede ser que un conductor de coche, un cazador, tenga que pasar pruebas psicotécnicas periódicamente, mientras que los médicos que se dedican a esta actividad no están sometidos a ningún tipo de control.

Este hecho y el que las tres clínicas (ahora dos) de Morín, su centro médico y su Fundación solo recibieran una inspección de Sanidad, y aún a petición del propio Morín, mueve al escándalo más absoluto.

El Departamento de Salud no vela en este caso por la buena práctica deontológica, la salud de las mujeres y el cumplimiento de la ley, sino que se dedica a proteger la actividad presunta y masivamente ilícita de Morín.

Algo parecido se podría decir de la inspección fiscal. Un flujo de dinero negro tan importante, cinco días a la semana, a lo largo de 15 años, los signos ostentatorios externos de algunos de los implicados, nunca han llevado a Hacienda a inspeccionar estas clínicas. Ni tan solo ahora.

El tema del fraude fiscal, la existencia de un holding de Morín en el extranjero, carecen de interés para las gentes de Solbes.

Y qué decir del Ministerio Fiscal que hasta el 2006, que permaneció impasible el ademán ante los escándalos internacionales publicados por el Sunday Telegraph, primero, en 2004, y de la Televisión Pública danesa, dos años después. Ni tan siquiera una simple petición de información al Departamento de Salud de la Generalitat para conocer el estado de la cuestión. (Que en realidad de nada habría servido, vistos ahora los datos, pero este es un detalle que la fiscalía desconocía por entonces)

Y por último, el gran convidado de piedra, el Colegio de Médicos de Barcelona, y su presidente, Miquel Bruguera. Siempre mirando hacia otro lado, archivando las denuncias que recibían, negando todo conocimiento de lo que sucedía, protegiendo a los culpables y contribuyendo a la inseguridad de las mujeres que acudían a estas clínicas.

FUENTE: ForumLibertas.

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