TC y violencia machista: una sentencia destructiva

Demoledor pero cierto. Un régimen totalitario no lo hubiera hecho mejor.

El progreso de la razón jurídica, su evolución a lo largo de la historia muy influenciada por la idea cristiana de igualdad de todas las personas en orden a su filiación divina, significó la desaparición de los fueros, los privilegios de grupo, de clase, para consagrar la igualdad de todas las personas ante la ley.

No importaba cual fuera la condición de la persona humana, más rica, más pobre, con título, sin título, ni el color de la piel, ni el sexo. Esta ha sido una evolución progresiva.

En el siglo XIX, la esclavitud era en algunos países todavía un hecho, y la desigualdad de la mujer en determinadas legislaciones se aguanta hasta principios del siglo XX.

La Constitución Española recoge esta cuestión en el art. 14, donde señala que “los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón del nacimiento, raza, sexo…”.

La Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley contra la violencia de género, ha mandado a hacer puñetas aquel progreso y el mencionado artículo de la Constitución, al aceptar que dicha ley es constitucional a pesar de que castiga de forma distinta en función de si el mismo delito lo comete un hombre o una mujer.

Subrayemos que no se trata de la introducción de un agravante en función de determinadas condiciones concretas, que en muchos casos pueda darse en el varón, sino un principio previo y general que entraña que ante un litigio entre ambos, de entrada el hombre no es igual ante la ley, tiene menos derechos o, si se quiere a la inversa, la mujer tiene mayores privilegios.

Lo que establece la sentencia es absolutamente impresentable, porque el razonamiento que establece la más alta magistratura se fundamenta en que la violencia, el maltrato, constituye el mecanismo de dominación del hombre sobre la mujer y que esto conlleva de entrada una mayor pena.

Bien, si este es un principio general, que no lo es porque previamente debería probarse en cada caso concreto, este principio de dominación del fuerte sobre el débil no sería exclusivo de esta relación.

Las agresiones en razón de la edad cuando la víctima carga a su espalda muchos años, tendrían una condición equivalente. Lo mismo podría decirse de los adultos sobre los jóvenes, de los empresarios sobre los trabajadores. Pero esto no es así, porque daría lugar a una situación jurídicamente insostenible.

El principio de dominación, que no queda claro como figura penal en el derecho, debería antes ser probado caso por caso, y no asignado automáticamente al hombre en razón de su condición varonil. Podría ser que sí, podría ser que no.

Pero es que además el Código ya contempla como agravante la situación de predominio. La diferencia radical ahora, es que con la nueva ley ésta se atribuye automáticamente no en relación a una situación concreta, sino en razón del sexo.

Todos los hombres parten de una situación de dominación sobre la mujer. Es esto lo que resulta jurídicamente impresentable.

Al utilizar este tipo de argumento, el TC no hace otra cosa que aplicar una interpretación ideológica, política, fundamental en la ideología de género: la de que el hombre en razón de su propia condición ejerce una dominación sistemática contra la mujer, y se refugia en la violencia cuando aquel tipo de relación puede verse alterado.

Digamos con rotundidad que esta afirmación no cuenta con ningún fundamento científico.

Si el marxismo se podía argumentar con buenas dosis de razón y una cierta cantidad de errores y falacias, las tesis del generismo no pueden fundamentarse en ningún conjunto de datos.

No existe posibilidad de construir un algoritmo cuya entrada sea el hombre, su desarrollo la dominación y su fin la violencia contra la mujer.

El TC, sometido desde hace tiempo a fuertes presiones políticas y a una caída en picado de prestigio, se acaba de autoinmolar ante el poder político.

Digámoslo claro: en su actual composición y mecanismo de elección carece de toda credibilidad.

Y esto es muy peligroso porque sitúa al país en una ruta donde las garantías jurídicas van quedando contaminadas por la ideología del que gobierna.

Hay que decir, en honor a la verdad, que el resultado ha sido muy ajustado, 7 votos a favor y 5 en contra. Todos los propuestos por el PSOE y el vicepresidente Guillermo Jiménez, propuesto por el PP, votaron a favor, mientras que los otros cinco, todos procedentes de la carrera judicial y a propuesta del PP, votaron en contra.

Esto pone de relieve dos cosas: Primero los elegidos por la izquierda tienen una disciplina de partido clarísima.

Segunda, quienes proceden de la judicatura han expresado claramente su disconformidad.

En cualquier caso, la situación creada significa la destrucción de un principio fundamental del estado de derecho como es la igualdad de todos ante la ley, así como la posibilidad de construir desigualdades por aprioris generales ahora en razón del sexo, en el futuro quien sabe sobre qué.

Esa es la querencia de las ideologías totalitarias, la creación de delitos a medida de grupos sociales.

FUENTE: ForumLibertas.

3 comentarios

  1. Buena entrada. Estupoendo análisis de la Stc. del Tc. Enhorabuena. César UMG

  2. Gracias, César. Un abrazo.

  3. Somehow i missed the point. Probably lost in translation :) Anyway … nice blog to visit.

    cheers, Incoherentness!!!

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