Prieto Sanchís advierte que hay una gran heterogeneidad de casos de objeción de conciencia, así como son muy variados los fundamentos que esgrimen las conciencias objetoras.La diferencia fundamental entre las distintas objeciones de conciencia estriba “en la naturaleza de los bienes jurídicos para cuya protección se establecen los correspondientes deberes u obligaciones que luego son objetados”. En ocasiones, se trata de bienes colectivos cuya satisfacción global requiere la concurrencia de una pluralidad de conductas individuales fácilmente sustituibles (servicio militar); pero otras veces reclaman un cumplimiento íntegro por parte de todos los obligados, como ocurre con las normas de protección de la salud pública; y en otras lo que está en juego son derechos o expectativas de personas concretas, como en la objeción al aborto.