Presiones, amenazas e incumplimiento de sentencias contra los alumnos que no han cursado Educación para la Ciudadanía

Algunas autonomías amenazan con negar el diploma de ESO a los estudiantes que no cursen Ciudadanía. Alumnos con materias suspensas como Historia o Lengua sí podrán obtener el título.

Educación para la Ciudadanía es ya una mancha en el expediente académico de muchos alumnos objetores que, a la hora de recibir sus calificaciones de fin de curso, se han encontrado un suspenso en la asignatura por no acudir a clase. En esta situación se han visto, por ejemplo, alumnos de Aragón, y la semana que viene se verán los de Andalucía, donde la entrega de notas se hace el 25 de junio. En esta comunidad, que cuenta con más de 6.000 objetores, la Inspección General de Educación de la Junta de Andalucía ha dado instrucciones a sus delegaciones provinciales para que ordenen a los centros que «evalúen negativamente» a quienes no cursen la asignatura.
Caso omiso a las sentencias.
Y eso a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia andaluz ha emitido una veintena de medidas cautelares a favor de los objetores y dos sentencias en las que expone claramente que el derecho a la objeción de conciencia significa derecho a no cursar la materia y derecho a no ser evaluado.
La presión también es patente en Asturias, donde una veintena de alumnos de colegios concertados han sido expedientados por la dirección, que los acusa de absentismo, según la plataforma de objetores Profesionales por la Ética. La Xunta de Galicia, por su parte, ha anunciado que se va a dirigir por escrito a los padres objetores gallegos para advertirles de que «sus hijos serán suspendidos» si no cursan la asignatura.
Baleares, una de las comunidades donde la polémica asignatura se implantará el curso que viene, ya ha dejado claro que no va a dar el título de la ESO a los que objeten. Y eso que según la legislación vigente, se puede obtener el título de graduado en ESO con tres asignaturas pendientes.
La abogada de uno de los objetores de La Carolina (Jaén) al que el Alto Tribunal andaluz permitió no acudir a clase como medida cautelar, Loles Serrano, interpondrá una querella criminal contra el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y la Consejería de Educación si suspenden al alumno jienense.
Rafael Lozano, coordinador jurídico del Foro Español de la Familia, también ha explicado que «habrá tantos recursos ante la Justicia como suspensos se den a los objetores» porque «supone la vulneración de un derecho fundamental».
De la misma opinión es el coordinador de la asistencia jurídica de Profesionales por la Ética, José Luis Bazán, quien ha recomendado a los padres que se vean en esta situación que «se pongan en contacto con la red de abogados que están apoyando el movimiento de objeción frente a esta materia adoctrinadora, porque supone la violación de un derecho fundamental de los ciudadanos».


FUENTE: Rocío Ruíz en LA RAZÓN.

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